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“El derecho a un ambiente sano y la conservación de los páramos, prima sobre el interés de la explotación minero energética”

EUGENIO GUERRERO

Febrero 9 de 2016

Corporación de Apoyo a Comunidades Populares - Codacop

 

La Corte Constitucional mediante comunicado de la víspera, acaba de anunciar la inexequibilidad de varios artículos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, adoptado mediante la ley 1753 de 2015, en los que se permitía y autorizaba la realización de proyectos minero energéticos, en desmedro de los ecosistemas de páramo, altamente sensibles y en franco deterioro, y de los que proviene el agua para el consumo de buena parte de la población colombiana.

En efecto, el artículo 173 del PND expresa lo siguiente:

“ARTÍCULO 173. PROTECCIÓN Y DELIMITACIÓN DE PÁRAMOS. En las áreas delimitadas como páramos no se podrán adelantar actividades agropecuarias ni de exploración o explotación de recursos naturales no renovables, ni construcción de refinerías de hidrocarburos.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hará la delimitación de las áreas de páramos al interior del área de referencia definida en la cartografía generada por el Instituto Alexander Van Humboldt a escala 1:100.000 o 1:25.000, cuando esta última esté disponible. En esta área la autoridad ambiental regional deberá elaborar los estudios técnicos que permitan caracterizar el contexto ambiental, social y económico, de conformidad con los términos de referencia expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Al interior de dicha área, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá delimitar el área de páramo, con base en criterios técnicos, ambientales, sociales y económicos.

PARÁGRAFO 1O. Al interior del área delimitada como páramo, las actividades para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables que cuenten con contrato y licencia ambiental con el instrumento de control y manejo ambiental equivalente, que hayan sido otorgados con anterioridad al 9 de febrero de 2010 para las actividades de minería, o con anterioridad al 16 de junio de 2011 para la actividad de hidrocarburos, respectivamente, podrán seguir ejecutándose hasta su terminación, sin posibilidad de prórroga. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las Autoridades Ambientales deberán revisar las Licencias Ambientales otorgadas antes de 1a entrada en vigencia de la prohibición, en las áreas de páramo delimitadas y las mismas estarán sujetas a un control, seguimiento y revisión por parte de las autoridades mineras, de hidrocarburos y ambientales, en el marco de sus competencias y aplicando las directrices que para el efecto defina el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En todo caso, el incumplimiento de los términos y condiciones en los cuales se otorgaron las autorizaciones mineras o ambientales, dará lugar a la caducidad del título minero de conformidad con lo dispuesto en el código de minas o la revocatoria directa de la licencia ambiental sin el consentimiento del titular y no habrá lugar a compensación alguna.

Si a pesar de la existencia de la licencia ambiental no es posible prevenir, mitigar, corregir o compensar los posibles daños ambientales sobre el ecosistema de páramo, la actividad minera no podrá seguir desarrollándose.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas o vinculadas y las entidades territoriales, en coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales, y bajo las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, concurrirán para diseñar, capacitar y poner en marcha programas de sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias que se venían desarrollando con anterioridad al 16 de junio de 2011 y que se encuentren al interior del área de páramo delimitada, con el fin de garantizar de manera gradual la aplicación de la prohibición.

Esta área será objeto de ordenamiento y manejo integral por parte de las entidades territoriales de conformidad con los lineamientos que establezcan las Corporaciones Autónomas Regionales, con el fin de atenuar y prevenir las perturbaciones sobre el área delimitada como páramo y contribuir con la protección y preservación de estas. PARÁGRAFO 2O. En el área de referencia que no sea incluida dentro del área del páramo delimitada, no estará permitido otorgar nuevos títulos mineros o suscribir nuevos contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, ni el desarrollo de nuevas actividades agropecuarias.

Como puede observarse, el actual PND introducía un grave retroceso para la protección de las áreas de páramo, pues finalmente permitía seguir desarrollando en ellas proyectos minero energéticos, a pesar de estar claramente prohibidos. Se incluyó la prohibición, pero a renglón seguido en el parágrafo Primero, se consignó la excepción para que la minería en las áreas de páramo siguiera ejecutándose.

Pues bien, esto fue lo que declaró inconstitucional la Corte Constitucional, es decir, a partir de la fecha, queda determinantemente prohibido realizar actividades de exploración y explotación minera, lo mismo que la ejecución de proyectos relacionados con hidrocarburos en las áreas de páramo, independientemente de que las mismas ya contaran con licencia ambiental aprobada.

Del mismo modo, según el comunicado de la Corte Constitucional, las víctimas de despojo podrán reclamar la restitución de sus tierras, así sobre las mismas se esté desarrollando algún proyecto minero energético declarado como estratégico y de utilidad pública e interés social. Es decir, se les tendrán que retornar sus tierras y no una compensación en dinero como lo permitía el artículo 50 del PND, de modo que la minería perdió la preminencia que se le había dado respecto de los derechos de las víctimas.

del derecho y facultad que tienen de ordenar autónomamente su territorio y decidir los usos del mismo. El artículo 49 del PND fue un nuevo intento fallido de dicha pretensión, pues la Corte Constitucional ha dicho con total claridad, que los llamados Proyectos de Interés Nacional y Estratégico- PINE, desconocen flagrantemente el principio de autonomía territorial, _"porque atribuye a entidades del sector central unas competencias que son exclusivas de las entidades territoriales. Por ejemplo, asuntos como el uso del suelo y el ordenamiento territorial son decididos por entidades del orden central, para permitir la ejecución de los PINE, cuando la regulación del suelo es competencia de los municipios".__ (El espectador Feb. 9 de 2016)._ intentos de parte del Gobierno Nacional por despojar a las entidades territoriales y específicamente a los municipios y a sus habitantes,les otorgan, específicamente relacionadas con el uso y ordenamiento del suelo. Sobre el particular, cabe recordar que han existido múltiplesLo mismo ocurrió respecto a la facultad de las autoridades locales para el ejercicio de competencias exclusivas que la Constitución y las leyes

Así las cosas, por fin una autoridad estatal (Corte Constitucional), advierte que la orgía estractivista no puede estar por encima de los derechos fundamentales de la población, que el medio ambiente sano es un derecho síntesis y que es condición indispensable para que exista la vida. Hay aquí un destello de sensatez que es justo reconocer, pues con seguridad, al paso que vamos, arrastraremos nuestra miseria y la cara de vergüenza ante las próximas generaciones, cuando estas se enteren que fuimos capaces de destruir los ecosistemas que posibilitan la vida.

Qué pena que las próximas generaciones conozcan los páramos y los nevados, los ríos y los lagos, las lagunas y los manantiales tan sólo en postales.

Esta sentencia debe aguzar nuestros sentido de responsabilidad intergeneracional, pues en cada municipio sus habitantes pueden y deben defender estos recursos estratégicos, deben defender el agua y consecuentemente la vida. Esa es una obligación y una competencia que nueva y plenamente nos retorna la Corte Constitucional, después de tantos intentos de despojo. ¡TENEMOS QUE SER CAPACES!