Inicio
Acuerdos agrarios, a medio cumplir

Si algo ha querido dejar claro el Gobierno en los últimos cuatro días, desde que empezó el paro nacional agrario, es que, a pesar de que los avances en materia de atención a las demandas de los campesinos han sido paulatinos, buena parte de las promesas hechas a raíz de la movilización de 2013 se han cumplido. Un balance que no comparten los líderes de la protesta, quienes insisten en que hay muchos pendientes que ni siquiera han comenzado a tratarse en la mesa nacional instalada para discutir las peticiones de las comunidades.

El debate tiene más aristas de las que parece y, dependiendo de la perspectiva desde la que se mire, el vaso puede estar medio lleno o medio vacío. Eso podría concluirse de un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo, en el cual hace un detenido seguimiento del avance de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo con el movimiento campesino hace tres años.

A través de solicitudes de información hechas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, reuniones con miembros de las organizaciones de Dignidad Agropecuaria Nacional y datos recolectados a través de comunicados de la Cumbre Agraria durante 2015, la Defensoría hizo un análisis del cumplimiento de lo pactado y concluyó que el avance ha sido de 42 %, teniendo en cuenta algunos matices.

Por ejemplo, aun cuando las cifras señalan que del total de compromisos (208) se han cumplido 89 y otros 113 se encuentran en proceso, hay algunos cruces de información que no dan mucha claridad sobre el consolidado. “Frente a los compromisos en proceso, se incluyen 20 que el Gobierno Nacional registra como cumplidos, pero que analizada la información suministrada por el propio Gobierno, se concluye que aún están en proceso o que su resultado fue negativo, es decir, el compromiso tal como fue adquirido sigue sin resolverse”, reza el informe.

A eso se suma que, según la Defensoría, aun cuando existen varios compromisos en proceso de cumplimiento, hay varios casos en los que el avance sigue sin ser significativo. El documento cita como ejemplo la falta de resultados en temas como la reglamentación de la Ley 1731 de 2014 (por medio de la cual se adoptan medidas en materia de financiamiento para la reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial del país), el modelo de asistencia técnica y la modificación de la normatividad que permite entregar mejor calificación a los proponentes que acrediten el uso de productos agropecuarios colombianos.

“Si bien se reconoce el esfuerzo realizado para cumplir los diferentes compromisos celebrados con las organizaciones campesinas, las acciones desplegadas en algunos de los casos no han concluido según lo pactado y particularmente no han reflejado una mejora en las condiciones de la población campesina”, indica la Defensoría al señalar que las inconformidades presentadas en 2013 en las movilizaciones campesinas se repiten en la actualidad.

La persistencia de condiciones y situaciones que afectan la vida de los campesinos —como el fenómeno de El Niño o la imposibilidad de acceder a nuevos créditos por parte de productores— también son preocupaciones sobre las que el organismo hace un llamado de alerta, pues, señala, son un fuerte indicativo de que la problemática campesina está lejos de ser superada.

Sobre todo si se tiene en cuenta que, aunque durante el segundo semestre de 2015 se reactivaron varias de las mesas acordadas en el marco de las movilizaciones, otras siguen sin avances, y en la mayoría el eje ha sido la discusión de las problemáticas, sin que se den alternativas de solución concertadas, pues en algunos casos las decisiones se toman por fuera de las mesas “sin consultar con las organizaciones, aumentando la inconformidad de éstas frente al Gobierno. Este es el caso de la reestructuración al sector agropecuario que se dio en el marco de las facultades extraordinarias otorgadas al presidente de la República, la cual se realizó sin consultar con las organizaciones campesinas o informar sobre la forma en que se realizaría”, indica la Defensoría.

Equilibrando la balanza, el informe señala aspectos positivos de lo hecho hasta ahora por el Ejecutivo, como la implementación de incentivos y apoyos directos a la producción y la comercialización, o el almacenamiento para productos como cacao, maíz, algodón, papa y café, que habían sido utilizados en épocas anteriores para alivianar la situación de algunos sectores productivos.

En resumidas cuentas, para la Defensoría es claro que el camino andado hasta el momento deja varias lecciones, de las que ya se debe ir aprendiendo y que muestran la necesidad de que exista una mayor articulación en todos los niveles frente a las respuestas que deberán brindarse a la población campesina, no sólo respecto a lo pactado en 2014, sino a las nuevas demandas que pueden surgir en razón a las demoras en el cumplimiento de lo acordado. “De no brindar respuestas claras y en un corto plazo, estaremos presenciando una nueva jornada de movilizaciones, con actores cada vez más y mejor articulados reclamando sus derechos”, concluye.

Pero, más allá de los desencuentros sobre cuánto se ha avanzado en la materia, lo cierto es que la búsqueda de una salida que aliviane la crisis se ha convertido en una prioridad para el Gobierno. Tan es así que una comisión de cuatro ministros —el del Interior, Juan Fernando Cristo; de Ambiente, Luis Gilberto Murillo; de Minas, Germán Arce, y de Posconflicto, Rafael Pardo— se desplazó ayer al Cauca, uno de los departamentos en los que más se ha concentrado el paro, para dialogar con las comunidades indígenas y escuchar sus reclamos. Se trata de una zona neurálgica en la que los ánimos andan más que caldeados ahora por cuenta de la muerte de dos líderes indígenas que, según las Autoridades Indígenas del Norte del Cauca, cayeron en medio de los enfrentamientos con la Fuerza Pública.

“Pese al llamado de respetar los derechos y el goce de garantías para el ejercicio de la protesta y la movilización de los manifestantes que se encuentran en distintos puntos de concentración sobre la vía panamericana, el Gobierno insiste en darle un trato de guerra y militarista que deja como consecuencia la muerte de los compañeros”, señaló la Cumbre Agraria a través de un comunicado. La gravedad de lo ocurrido llevó incluso a que, por algunas horas, se levantara la mesa de concertación que se había pactado entre las comunidades participantes de la minga y los cuatro ministros delegados.

Además de la visita a Cauca, el Gobierno ha hecho presencia en otras zonas de concentración de la protesta a través de diferentes funcionarios para evaluar la situación en las regiones. Una estrategia que, según sus propias cuentas, ha dado resultados satisfactorios, pues ya existen compromisos con organizaciones campesinas e indígenas de Huila, Meta y Casanare, mientras que en regiones como César, Arauca, Vichada y Chocó, los acercamientos se mantienen.

En Chocó, por ejemplo, el próximo 15 de junio se abrirá la Mesa de Minería Ampliada y el 29 la Mesa Indígena en las que se van a diseñar con las comunidades planes pilotos de formalización minera y de desarrollo, según reveló ayer el Ministerio del Interior.

En otros zonas como Puerto Gaitán y Nariño, el Gobierno se comprometió a acompañar los espacios de diálogo con los pueblos indígenas y a revisar el cumplimiento de los acuerdos suscritos. Además, en los próximos días se convocará a una sesión de la Mesa Única Nacional de la Cumbre Agraria Étnica y Popular para hacer un balance y continuar discutiendo el pliego de peticiones presentado por las comunidades. “El día 22 de junio el presidente de la República liderará una reunión de Cumbre Agraria para hacer seguimiento al cumplimiento de los acuerdos”, aseguró el ministerio del Interior, insistiendo en que en los últimos dos años el Gobierno ha sostenido reuniones permanentes con las 13 organizaciones que componen la Cumbre Agraria y que actualmente hay comprometidos en el Presupuesto Nacional $250.000 millones para proyectos productivos ejecutados con las comunidades.