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Día internacional para el derecho a la verdad en Relación con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y Para la Dignidad de las Víctimas

Mediante la Resolución 65/196 del 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de marzo como el Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y para la Dignidad de las Víctimas, con el propósito de

(i) promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad y la justicia;(ii) rendir tributo a quienes han dedicado su vida a la lucha por promover y proteger los derechos humanos de todos y a quienes la han perdido en ese empeño; y, (iii) reconocer en particular la importante y valiosa labor y los valores de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, de El Salvador, quien se consagró activamente a la promoción y protección de los derechos humanos en su país y de las poblaciones más vulnerables”, lo que en definitiva le costaron la vida al ser asesinado el 24 de marzo de 1980.

En dicha resolución se “invita a todos los Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las demás organizaciones internacionales, así como a las entidades de la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y los particulares, a observar de manera apropiada el Día Internacional”.

Cabe indicar que la verdad en materia de derechos humanos es un derecho de las víctimas y de la sociedad y un deber y una obligación insoslayable del Estado, ligado inescindiblemente a los derechos de Justicia y Reparación, complementados por las garantías efectivas de no repetición.

En el contexto de los conflictos armados tanto internacionales como de carácter no internacional, tales derechos también imponen deberes y obligaciones imperativas a los bandos contendientes.

La Verdad implica el deber de memoria, el establecer no sólo las autorías materiales de las violaciones a los derechos humanos, sino el concurso de los determinadores y de los intereses que resultan beneficiados con tales crímenes. La Memoria conlleva también la necesidad de reivindicar a las víctimas en su plena humanidad, en sus sueños y apuestas, en sus ideas y demandas, en sus luchas y  en sus metas. Es poner el ideario de la víctima en su justa dimensión, rescatar su vigencia y su entrega por esa causa, la que finalmente devino determinante para que fuera victimizado. En fin, no es solo memoria histórica, es también  la memoria viva de las víctimas la que se reclama restaurar integralmente, lo que hace necesaria la justicia como el primer acto restaurativo.

En el actual contexto colombiano de estos derechos se ha hablado y escrito mucho, se ha legislado in extenso, pero se ha cumplido poco. En los diálogos entre el gobierno y la guerrilla se gritó a voz en cuello que por primera vez en un acuerdo de este tipo las víctimas serían el centro del proceso y en el "Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera", quedó consignado igualmente, que lo fundamental del acuerdo eran las víctimas, a las que se les garantizarían en consecuencia sus derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías efectivas de no repetición.

Sin embargo, en muchos de los desarrollos normativos que se han aprobado en el Congreso por la vía del fast track y de los Decretos emitidos por el Presidente para la implementación del Acuerdo Final, especialmente en los que han tenido que ver con el desarrollo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR o Sistema Integral), es fácil constatar cómo se desconocen estos derechos o se retroceden de manera evidente las responsabilidades y obligaciones del Estado en esta materia.

La producción discursiva y mediática respecto a que los derechos de las víctimas constituyen la esencia y muestran el norte del acuerdo, es francamente desmentido por la realidad y por el activismo del estamento militar que desde un comienzo ha hecho saber que el Acuerdo no es un pacto con un actor político militar, sino que todo se reduce a un proceso de sometimiento, razón por la que se quieren inmiscuir hasta en la historia, en ese terreno inexpugnable en el que la verdad por fin se impondrá dada la tozudez de los hechos, los que por mucho que quieran falsearse o maquillarse con mentiras oficiales, siempre le gritarán a las próximas generaciones la verdadera magnitud de la ignominia que el propio Estado y sus Fuerzas Armadas han cometido contra el pueblo que decían y debían defender.

Acercarse por ejemplo a la ley 1820 de 2016 “Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones” y a su Decreto Reglamentario No. 277 de 2017 “Por el cual se establece el procedimiento para la efectiva implementación de la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016”, o incluso al Acto No. 01 de 2017 (Abril 4) “Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones”, es descubrir una verdadera caja de pandora que libera las plagas de la impunidad en favor de los agentes estatales y de los civiles que contribuyeron de manera eficaz en el desarrollo del conflicto.

En efecto, mientras que políticos, Fuerza Pública, medios de información y hasta académicos embelesaron al país en las ventajas e impunidad que supuestamente se le otorgaba a la guerrilla, se aprobó sin mayor discusión una serie de disposiciones en favor de los agentes estatales, lo que en la práctica constituye indulto y amnistía, así se lo llame “cesación de la acción penal”, con lo que el Estado compromete su responsabilidad internacional al no ejercer su deber de investigar los crímenes. El Estado se indulta y se amnistía así mismo y deja a las víctimas sin mecanismos efectivos para el acceso a la verdad, sin justicia y sin reparación, pues hasta las acciones administrativas encaminadas en tal sentido terminaron prohibiéndose.

Los retrocesos más relevantes en esta legislación aluden a que consagra una reparación que se aparta del concepto de reparación integral dictado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-254 de 2013; se extinguen todas las acciones judiciales a las que podrían acudir las víctimas en procura de justicia y reparación; no establece un término en el cual los agentes del Estado deben acudir a decir la verdad; exige que los líderes sociales se declaren insurgentes para ser sujetos de aplicación de los beneficios legales; hay un mayor beneficio en favor de los agentes estatales dada su posición de garantes; y, se impide la participación efectiva de las víctimas en todo el proceso, al tiempo que se garantiza asistencia jurídica a los victimarios para lo que se destinan recursos públicos. Todo esto significa que a través de muchas de las disposiciones emitidas se han incluido materias que desbordan los contenidos de los acuerdos, violando de tal manera los principios de autenticidad y bilateralidad.

De modo que si se contrastan los derechos de las víctimas a verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, podremos advertir que los instrumentos jurídicos del (SIVJRNR o Sistema Integral) que conceden beneficios para los agentes estatales, van en franca contravía de lo consignado en los tratados internacionales, en las resoluciones de la ONU y en los estándares establecidos por la Corte Constitucional en la materia. Resulta realmente odioso y constituye una afrenta para las víctimas y una grave revictimización, observar cómo son liberados los responsables de crímenes de lesa humanidad, los culpables del genocidio contra por lo menos 3500 humildes e inocentes jóvenes víctimas de ejecuciones extrajudiciales, crímenes que no tienen ninguna relación con el conflicto, pues lo que se montó fue una verdadera empresa criminal para esquilmar el patrimonio público y para crear la idea de que se estaba ganando la guerra.

La presión del estamento castrense por total impunidad en su favor y para que no se sepa la verdad, para que no haya justicia ni reparación integral y para que no se otorguen garantías efectivas de no repetición, abonará el camino de las próximas violencias y abrirá la puerta por la que entrará la jurisdicción internacional, única opción a la que tendrán que acudir las víctimas, así la justicia se confunda con la historia.

De acuerdo con lo anterior, resulta del mayor interés y curiosidad, saber cómo ha informado el gobierno colombiano o cómo va a informar, tanto a la Asamblea General como al Secretario General de ONU, sobre el cumplimiento de la Resolución 65/196 del 21 de diciembre de 2010, por la cual se proclamó el 24 de marzo como el Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y para la Dignidad de las Víctimas.

Popularmente se dice que la primera víctima de la guerra es la verdad, pero también lo es del poder. Sin embargo, la verdad al final se revelará y señalará a los reconocidos hoy como “héroes de la Patria”, de lo que realmente una vez fueron: “verdaderos canallas”.