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De Oscurantistas y Conversos

Eugenio Guerrero Mayo 2017

Se debate por estos días con gran intensidad el tema de la restricción que por vía de referendo se pretende imponer para evitar que las parejas del mismo sexo o mujeres y hombres solteros, viudos o separados puedan adoptar menores, limitando tal posibilidad o derecho solo a las parejas heterosexuales que son las que conforman una familia “optima”, según afirman los promotores de la iniciativa.

Esta iniciativa claramente inconstitucional, lejos de avanzar en la garantía de los derechos de los menores, se afinca en argumentos de carácter religioso, con los que se desconoce de paso que más de la mitad de las familias en Colombia son monoparentales, es decir, que están conformadas sólo con mamá o sólo con papá o con algún familiar que asumió tal rol frente a los menores.

Lo que resulta absurdo es que se quiera regresar a valores decimonónicos y a posturas fundamentalistas que no solo atentan contra los derechos de las minorías, sino que desconocen los pilares básicos sobre los que se edifica la fórmula política del Estado Social y Democrático de Derecho, Pluriétnico y Multicultural que adoptó el constituyente del 91, el que además expresó con total claridad que Colombia es un Estado Laico.

Como Estado Social de Derecho, implica que debe acatar las decisiones de las mayorías sin desconocer ni violar los derechos de las minorías, y como Estado Laico, ha de tomar radical distancia frente a las distintas confesiones religiosas que existen en la sociedad y además de no tomar como oficial ninguna religión, debe garantizar el derecho fundamental a la libertad religiosa, ligado a la libertad de conciencia, al tiempo que no puede en absoluto, imponer normas, valores o principios morales particulares, ligados a una religión determinada.

De suerte que el Estado Laico resulta necesario precisamente para que puedan existir todas las expresiones religiosas en pie de igualdad, pero también todas las opciones no religiosas, agnósticas, ateas o cualesquiera sea la concepción que sobre el tema religioso se tenga. Las concepciones religiosas entonces habitan en el fuero íntimo de cada persona, independientemente de que pueda expresar sus ritos constitutivos, pero de ahí a pretender que esas convicciones personales se conviertan en políticas de Estado, es avanzar por el sendero sinuoso del abuso del derecho en raudo regreso al oscurantismo medieval del que salir le costó a la humanidad tantas vidas, siglos y recursos hasta alcanzar la tolerancia religiosa.

Los más recientes resultados electorales parecieran conferir a las iglesias un peso específico y de cierto modo determinante a la hora de las decisiones políticas del país. Ejemplo de ello fueron los resultados del plebiscito del 2 de octubre de 2016, en el que finalmente ganó el NO con el concurso inequívoco de una buena parte de las iglesias, cuyos líderes acudieron claramente a la mentira abierta, a medias verdades y a todas las tácticas de la post verdad, que llevaron a sus feligreses a votar en contra de sus propios derechos y de sus verdaderos intereses. Ese es el riesgo de la religión en la política, que no sólo tiene feligreses sino sobre todo, votantes cautivos y la democracia demanda la deliberación abierta, libre, crítica e informada para que el discernimiento racional presida las decisiones.

Esta militancia político religiosa ha despertado el fervor de un neoconservadurismo social en el que medran falangistas y conversos en pleno paroxismo bipolar que obnubila su pensamiento, al punto de no distinguir entre su prédica religiosa y sus argumentos políticos. Cuando hablan como políticos son verdaderos pastores religiosos y cuando hablan como pastores se convierten en verdaderos líderes políticos.

Esto sin embargo representa un gran peligro para la democracia y para los derechos. La actuación de las iglesias convertidas en militantes fervientes de ideas antidemocráticas, terminan destruyendo las condiciones jurídicas y políticas que les posibilitaron precisamente el ejercicio de esos derechos. De modo que resulta paradójico que quienes atacan el laicismo y el Estado laico con base en sus propias y particulares convicciones religiosas, lo que terminan es destruyendo las condiciones jurídicas y políticas que les posibilitaron precisamente el ejercicio de esos derechos. Destruyen las bases del único edificio en el que pueden habitar.

El activismo religioso en materia política es una amenaza para los derechos, es una grave amenaza contra la democracia, contra el Estado Social de Derecho, contra los derechos humanos y especialmente contra los derechos de las minorías. Si hoy se promueve este referendo con el argumento de proteger los derechos de los niños, mañana bien puede promoverse otro contra los derechos de las comunidades étnicas en aras del desarrollo y después otro contra los derechos de las mujeres y otro contra la libertad religiosa y así hasta quedar sin derechos.

Ojalá un halo de lucidez política ilumine a los Congresistas para que archiven este referendo inconstitucional, de lo contrario, nuevamente la Corte Constitucional deberá corregir la página del Congreso, bueno, sino termina también en manos de los postulados de fe.

Que la providencia nos libre del radicalismo de los conversos y que la vida nos guarde.