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So Pretexto de la Paz

 

Eugenio Guerrero

Corporación de Apoyo a Comunidades Populares, Codacop

Agosto 2017

 

En nombre de la paz se votó contra Uribe para que Santos profundizara el modelo económico de Santos y Uribe.

En nombre de la paz se reconoció el carácter de delincuentes políticos a los agentes del Estado que cometieron graves crímenes en el marco del conflicto para que quedaran cobijados por la Justicia Especial para la Paz. Es decir, en Colombia el Estado se subvierte a sí mismo.

En nombre de la paz se prometió ampliar la democracia, pero el proyecto de reforma política es un cerrojo a la democracia, pues impedirá que en adelante se puedan inscribir candidaturas por grupos significativos de ciudadanos. Para poder inscribirse como candidato, si se aprueba el cerrojo, sólo se podrá ser candidato por un partido político. Es decir, la reforma busca fortalecer los actuales partidos políticos, culpables de la innombrable corrupción que nos devora.

En nombre de la paz, la Agencia Nacional de Tierras ha empezado a intervenir en los procesos judiciales de saneamiento o titulación de pequeña propiedad rural o de prescripción, mediante los cuales en áreas de minifundio y microfundio, los campesinos que nunca han recibido nada del gobierno, buscaban la titulación por vía judicial de las pequeñas heredades que han poseído y explotado por décadas y de generación en generación, con títulos precarios como la falsa tradición y que ahora la Agencia gubernamental dice que son baldíos y que por lo mismo, deben hacer parte del fondo de tierras para la paz.

En nombre de la paz, se presentó en días pasados el proyecto de ley estatutaria de las consultas previas, mediante el cual, de ser aprobado, en seis meses serán suficientes para tramitar formalmente tal procedimiento, sin importar si las comunidades étnicas otorgan o no el consentimiento previo, libre e informado, antes de emprender cualquier proyecto que afecte sus territorios, culturas, usos y costumbres, desconociendo abiertamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional en cuanto al valor vinculante de dicho consentimiento.

Y en nombre de la paz, se presentará igualmente un proyecto de ley estatutaria “POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTAN NORMAS DE GARANTÍAS Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA”, y que constituye el propósito central de esta columna.

En efecto, éste proyecto de ley compuesto por 48 artículos distribuidos en cinco títulos, avanza realmente muy poco en cuanto a brindar garantías para la participación ciudadana y menos en lo relacionado con su promoción.

El Título I sobre DISPOSICIONES GENERALES, contiene dos capítulos en los que desarrolla el objeto, las definiciones, los principios generales y los deberes (artículos 1 al 4).

El Título II sobre las GARANTÍAS PARA ELEJERCICIO DE LAPARTICIPACIÓN, contiene seis capítulos en los que desarrolla las Garantías de reconocimiento y autonomía (capítulo 1, artículos 5 a 8); Garantías de acceso a la información pública (capítulo 2, artículo 9); Garantías de respeto a la honra y goce del buen nombre en el ámbito público (capítulo 3, artículos 10 al 13); Garantías para el ejercicio de la participación (capítulo 4, artículos 14 al 21), destacándose la creación de un sistema público unificado de registro para organizaciones y movimientos sociales (art. 14), que frente al carácter fiscalista que en los últimos años ha caracterizado al Estado colombiano, deja muchas preguntas sobre sus verdaderos propósitos; Garantías para la Movilización y Protesta Pacífica (capítulo 5, artículos 22 al 24); y, Garantías para el ejercicio del control social (capítulo 6, artículos 25 al 27).

El Título III sobre GARANTÍAS PARA ELEJERCICIO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DIRECTA, contiene tres capítulos, el capítulo 1 que desarrolla los artículos 28 al 31; el capítulo 2 que desarrolla los artículos 32 a 36; y, el capítulo 3 que refiere a los artículos 37 a 40. Estos dos capítulos, el 2 y el 3 del Título III son los verdaderamente importantes porque son los realmente odiosos para la participación y ya nos dedicaremos a explicar las razones.

El Título IV sobre PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, contiene un capítulo en el que se desarrolla el tema de la financiación de la participación ciudadana (artículos 41 al 43).

Y finalmente el Título V sobre DISPOSICIONES FINALES, en su único capítulo desarrolla el seguimiento y acompañamiento a las Garantías de Participación de los Movimientos y Organizaciones Sociales (44 al 46), mientras que el articulo 47 otorga unas autorizaciones al Ministerio del Interior para que haga una recopilación normativa sobre la materia, al tiempo que el artículo 48 establece su vigencia.

Como ya se advirtió es una propuesta que aporta muy poco en cuanto a la garantía y promoción de la participación, es un proyecto lleno de lugares comunes, que repite sin cesar los valores y principios que informan nuestra fórmula política del Estado social y democrático de derecho, pluri étnico y multicultural, participativo y con autonomía de las entidades territoriales. Hace muchas remisiones a leyes ya vigentes y no solo eso, sino que repite casi literalmente sus contenidos, como los de las leyes estatutarias 134 de 1994 y 1757 de 2015, mediante las cuales se regulan los mecanismos de participación ciudadana y la ley 1712 de 2014, “por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.
En fin, podría decirse sin temor a equívocos que éste proyecto de ley sería totalmente inocua, sino fuera por los capítulos 2 y 3 del Título III, que bien pueden ser el único contenido normativo innovador y que para el gobierno justifica su trámite. Pero no por nuevo es bueno, sino todo lo contrario. En efecto, si el proyecto se aprueba con dichos contenidos, en adelante habrá unos mecanismos de participación ciudadana directos y autónomos (plebiscito, referendo, iniciativa normativa popular, cabildo abierto), y otros indirectos o subsidiarios del cabildo abierto (consulta popular departamental y municipal, y revocatoria del mandato).
Y esto será así porque sin motivo ni razón plausible, se ha incluido dentro del título III sobre GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DIRECTA, la obligación de realizar un cabildo abierto que han denominado como especial, como prerrequisito o condición previa para emprender una consulta popular o una revocatoria del mandato. Lo paradójico y contradictorio, es que precisamente dentro del título dedicado a las garantías para el ejercicio de los mecanismos de participación directa, se convierten en indirectos estos dos mecanismos, subyugándolos a la realización de un cabildo abierto.
¡Cómo les duele la democracia cuando no pueden comprarla! Y claro, como después de  26 años por fin los ciudadanos de a pie descubrieron el valor de la revocatoria y sobre todo de las consultas populares como mecanismo para la defensa del territorio y del agua, entonces emprenden cual cruzados la defensa de los intereses de las corporaciones que ven en los territorios la riqueza de ocasión.
Las propuestas de modificación a la revocatoria del mandato a su letra dicen:

El Artículo 32. Cabildo Abierto Especial de Deliberación en procesos de revocatoria. Una vez inscrita una solicitud de revocatoria de mandato, el Concejo municipal, distrital o la Asamblea Departamental, deberá convocar y realizar el cabildo abierto especial de deliberación con el fin de que la ciudadanía conozca, se informe y delibere públicamente sobre la motivación de la misma.
“Capítulo 2.

El cabildo abierto especial de deliberación deberá:
1. Contar con la presencia obligatoria del promotor o voceros del comité promotor, quienes, en garantía del derecho a la información, deberán presentar las razones que justifican la solicitud dela revocatoria del mandato.

2. Invitar al alcalde o gobernador respectivo para que, de igual manera, exponga de manera veraz y verificable los avances sobre el cumplimiento de su plan de desarrollo
3. Tanto los voceros del Comité Promotor como el alcalde o gobernador deberán contar con los mismos derechos que los miembros de la respectiva Corporación pública, en términos de tiempo del uso de la palabra, derecho de réplica, interpelaciones y exigencia de aclaraciones.
4. Contar con la presencia obligatoria de un delegado del Departamento de Planeación Nacional, con el fin de que exponga las evaluaciones y estudios que dicha entidad haya realizado con respecto al cumplimiento del respectivo Plan de Desarrollo.
5. Garantizar la participación de la ciudadanía en general por medio de una convocatoria amplia y pública a través de todos los medios de comunicación existentes en el departamento, distrito o municipio, según el caso. Los costos de esa convocatoria deberán ser asumidos por la respectiva administración departamental, distrital o municipal

6. Realizar transmisión del desarrollo del cabildo abierto especial a través de los medios de comunicación públicos con los que cuente la respectiva circunscripción territorial, así como a través de las plataformas digitales disponibles. Los costos de dicha transmisión deberán ser asumidos por la respectiva administración departamental, distrital o municipal

7. Previa la organización del cabildo abierto especial, la respectiva corporación pública dispondrá de los medios físicos y digitales para que los ciudadanos hagan llegar preguntas sobre el cumplimiento del plan de desarrollo, las cuales deberán ser organizadas en bloques temáticos por un delegado de la Defensoría del pueblo quien las leerá en el desarrollo de la sesión sobre lo cual el Alcalde o Gobernador deberá ofrecer una respuesta clara y concisa.

8. El desarrollo del cabildo abierto especial podrá adelantarse en máximo tres sesiones de la respectiva corporación pública territorial.
Parágrafo 1º. En el evento en que la ciudadanía, el alcalde o gobernador y los promotores de la revocatoria lleguen a consensos específicos o suscriban acuerdos para el mejoramiento del proceso de cumplimiento del Plan de Desarrollo, las autoridades locales, según sus competencias, deberán adelantar las acciones administrativas necesarias para que dichos acuerdos se materialicen en los términos en los que se haya establecido. En estos casos, los promotores de la revocatoria podrán desistir sobre su realización.
El Departamento Nacional de Planeación deberá hacer un seguimiento sobre el grado de cumplimiento del Acuerdo de Mejoramiento de cumplimiento del Plan de Desarrollo.
Parágrafo 2º. La Registraduría del Estado Civil sólo podrá hacer entrega de los formularios para la recolección de firmas en los términos establecidos en el artículo 10 de la Ley 1757 de 2015, una vez se haya realizado el cabildo abierto especial señalado en el presente artículo.
Artículo 33. Motivación de la revocatoria del mandato. Modifíquese el artículo 65 de la ley 134 de1994, el cual quedará así:
La solicitud de convocatoria de la revocatoria de mandato deberá estar fundamentada en la insatisfacción general de la ciudadanía como consecuencia del incumplimiento del Plan de Desarrollo del respectivo alcalde o gobernador, entendiendo este como el instrumento jurídico que materializa y sistematiza el programa de gobierno presentado a los ciudadanos.

Con base en la motivación presentada en la convocatoria, los ciudadanos tendrán el derecho y la posibilidad de responsabilizar políticamente a sus gobernantes con la terminación del mandato que le habían otorgado.

Artículo 34. Evaluación de cumplimiento de los Planes de Desarrollo. El Departamento de Planeación Nacional deberá realizar, al menos dos veces al año, una medición de cumplimiento de los planes de desarrollo delas diferentes entidades territoriales.

Artículo 35. Modifíquese el parágrafo 1º del Artículo 6º de la ley 1757de 2015, el cual quedará así:

Se podrán inscribir iniciativas para la revocatoria del mandato siempre que hayan transcurrido doce (12) meses contados a partir de la expedición del plan de desarrollo del respectivo periodo constitucional y no faltare menos de un año para la finalización del mismo.
Artículo 36. El Consejo Nacional Electoral, o quien haga sus veces, deberá, previo a la convocatoria del mecanismo de participación, verificar el cumplimiento de las reglas establecidas en la presente ley para el cabildo abierto especial en el marco de procesos de revocatoria”.




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