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Reconocer, reparar e incluir a las comunidades étnicas: principio fundamental para la construcción de paz.


por: Lizeth Daniela Villada Trejos


Desde el año 1966 la ONU conmemora cada 21 de marzo el Día Internacional contra la Discriminación Racial como una oportunidad para que los gobiernos del mundo evalúen sus avances normativos, compromisos y estrategias para enfrentar y erradicar estas históricas relaciones de poder que han segregado a cientos de pueblos y comunidades étnicas a nivel global.

A propósito del contexto que atraviesa Colombia con la implementación de los acuerdos de paz y la fase de negociación con la guerrilla del ELN, la conmemoración de esta fecha es un llamado para que como sociedad civil, cuestionemos cuáles son los aportes que hacemos para superar el racismo estructural que permea en escenarios laborales, políticos, sociales e incluso en las relaciones más cotidianas; pero así mismo, un cuestionamiento directo al Estado como principal garante de derechos, quien está en obligación de cumplir la normatividad diferencial que respalda a las comunidades étnicas como sujetos de derechos individuales y colectivos.

En Colombia, el 3.3% de su población se auto reconoce como indígena, y el 10.3% como negra, afrocolombiana, palenquera o raizal. En términos políticos, la diversidad de grupos étnicos que habita nuestro país, es sinónimo de una sociedad pluriétnica y multicultural, tal como lo reconoce la Constitución, que fue además un avance normativo significativo para el reconocimiento político de estas poblaciones quienes enfrentaron de manera directa los impactos de la colonización con el saqueo material, cultural y espiritual que ello generó, y que a la luz de hoy pareciera replicarse en los contextos paupérrimos que continúan enfrentando.

Desde las concepciones de un enfoque interdisciplinario, es necesario que los análisis sociales reconozcan la implicación entre diversas matrices de poder ancladas en elementos como la raza, la etnia, el género, la clase social, la ubicación geográfica, entre otras. Tal enfoque resulta condicionante para la formulación de políticas públicas que deben responder a las necesidades específicas de las poblaciones sobre a las que van dirigidas, pues es claro que una situación no impacta de la misma manera a todas las personas. El conflicto armado interno, por ejemplo ha dejado más de 1,2 millones de víctimas étnicas y ha puesto en riesgo de extinción a 34 de los 102 pueblos indígenas que habitan nuestro país, como lo reconoce la Corte Constitucional a través del Auto 004 de 2009.

Sin duda, una de las deudas más grandes que tiene el Estado colombiano es con las comunidades étnicas, víctimas directas de la guerra y otras situaciones que atentan contra su dignidad humana, como lo son los desaforados proyectos de economía extractiva, la presencia de cultivos de uso ilícito y el abandono institucional que se evidencia en desabastecimiento de servicios básicos como alcantarillado, agua potable, vías de acceso, centros de salud, centros educativos y demás elementos necesarios para una vida digna.

Estas comunidades son pilares de la resistencia popular, pues no sólo reflejan la sobrevivencia al genocidio colonial, sino que incluso tras la abolición de la esclavitud, se han visto sometidas al yugo de la indiferencia estatal, la exclusión social y el racismo. Su capacidad de resiliencia, de organización y movilización social han sido el ejemplo para la población colombiana, pues a través de diversas acciones colectivas y de manera articulada con otros sectores (campesinos, estudiantes, obreros) nos han demostrado la importancia de defender el territorio, la vida digna y la justicia social.

En este contexto de post acuerdo, es alarmante el elevado número de líderes y lideresas sociales que han perdido su vida o la ven en riesgo, por hacer resistencia a iniciativas que violan los derechos de sus comunidades. Durante el 2017, aproximadamente cada tres días asesinaron un líder o lideresa en nuestro país, donde las principales causas asociadas a los hechos, son la defensa del territorio a través del reclamo de tierras, la implementación del acuerdo de paz, y la oposición al desarrollo de proyectos extractivos que impactan negativamente los ecosistemas.

Al habitar lugares ampliamente codiciados por actores ilegales que financian sus proyectos con economías ilícitas, se enfrentan a la disputa de su pervivencia física, cultural y ecológica. Tal como se expone en la tabla anterior, hay una directa corresponsabilidad entre los territorios más impactados por el asesinato de defensores y defensoras de derechos humanos, y la concentración de comunidades étnicas. Estasituación pone en evidencia la urgencia de implementar medidas integrales y diferenciales que den una respuesta efectiva al riesgo físico y cultural que enfrenta este sector de la población. Unas medidas construidas en colectivo, con análisis de contexto y mapeos elaborados por las mismas comunidades, que reconozcan y legitimen lasformas de protección propias como lo son la Guardia Indígena y la Guardia Cimarrona.

Las denuncias lideradas por representantes de los grupos étnicos con relación al cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 y Los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011, que dictaminan medidas de reparación diferenciales con relación a los derechos violados en el marco del conflicto armado (y que aún hoy continúan vulnerados), son una muestra de la falta de compromiso y de voluntad política que tiene el Estado conestos sectores. La historia pareciera ser cíclica cuando cada determinado tiempo los pueblos afro, indígenas y sectores campesinos se proclaman en paro nacional contra los incumplimientos a pactos políticos recientes y de antaño que les impide vivir la tan soñada paz territorial.

En diferentes niveles, tanto el Estado como la sociedad colombiana, tenemos una relación directa con el avance de los derechos de los pueblos étnicos. El Estado en la obligación de cumplir con los pactos, para que las normatividades no se queden en el papel, para que las y los líderes asesinados no queden reducidos a una cifra, a un expediente en la Fiscalía y sus casos conlleven a la adopción de medidas y estrategias que garanticen la no repetición de estos hechos. Por otro lado, nosotras y nosotros como parte de la sociedad civil, debemos revisar actitudes y prácticas racistas que prolongan situaciones de exclusión y violencia.


Para eliminar la discriminación étnico-racial, nuestro papel es determinante tanto en términos de exigibilidad de derechos, como en la construcción de éstos en las relaciones más cotidianas. Sólo con un trabajo articulado entre una institucionalidad que reconozca, garantice, repare derechos, promueva la inclusión y no discriminación, y unasociedad crítica y consciente de su agencia social, alcanzaremos la construcción de un país donde el ejercicio de nuestros derechos no se vea restringido por nuestro color de piel o diferencia cultural.

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Desde el año 1966 la ONU conmemora cada 21 de marzo el Día Internacional contra la Discriminación Racial como una oportunidad para que los gobiernos del mundo evalúen sus avances normativos, compromisos y estrategias para enfrentar y erradicar estas históricas relaciones de poder que han segregado a cientos de pueblos y comunidades étnicas a nivel global.
A propósito del contexto que atraviesa Colombia con la implementación de los acuerdos de paz y la fase de negociación con la guerrilla del ELN, la conmemoración de esta fecha es un llamado para que como sociedad civil, cuestionemos cuáles son los aportes que hacemos para superar el racismo estructural que permea en escenarios laborales, políticos, sociales e incluso en las relaciones más cotidianas; pero así mismo, un cuestionamiento directo al Estado como principal garante de derechos, quien está en obligación de cumplir la normatividad diferencial que respalda a las comunidades étnicas como sujetos de derechos individuales y colectivos.