Inicio Procesos Comite Civico por los Derechos Humanos del Meta
Comite Civico por los Derechos Humanos del Meta

Es una Organización No Gubenamental de Derechos Humanos, fundada en los primeros años de la década de los noventa, con Personería Jurídica No. 1464 de Noviembre de 1993. Su misión se relaciona directamente con la defensa, promoción, difusión y realización de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en toda la región oriental del país, aunque hace énfasis en la jurisdicción del departamento del Meta. Para el cumplimiento de su mandato, el Comité acompaña procesos, organizaciones, comunidades y víctimas; adelanta procesos de denuncia pública nacional e internacional sobre violaciones a los derechos; avanza procedimientos judiciales ante jueces nacionales e instancias internacionales; e, investiga y documenta casos. Del mismo modo, se compromete en visitas, comisiones, investigaciones y producción de informes sobre estas temáticas en la región. También trabaja por la salida política al conflicto social y armado que afecta al país y que sufre tan dramáticamente la región.

Una breve y trágica historia

La grave crisis humanitaria y de derechos humanos que se vivía en el departamento del Meta y en general, en todo la región de la Orinoquía colombiana, llevó a que muchas organizaciones sociales, cívicas, sociales, religiosos, campesinas, étnicas y políticas se dieran a la tarea de fundar el COMITÉ CÍVICO POR LOS DERECHOS HUMANOS DEL META, esfuerzo que finalmente cristalizó en los primeros años de la década de los 90.

Dicho COMITÉ empezó a realizar una labor muy comprometida con la vida, la dignidad, la libertad y demás derechos fundamentales de todas las personas que de una u otra forma eran vulneradas en sus derechos, circunstancia que definitivamente puso a sus integrantes en la mira de los enemigos de la vida. En el año 1995 se experimentó un inusitado incremento de las amenazas y persecución contra el COMITÉ, al punto que fue necesario acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objeto de que se otorgaran medidas cautelares, las que en efecto se concedieron. Sin embargo, la situación continúo empeorando, al punto que se tuvo que cerrar la sede y sus miembros abandonar la región, pues se descubrió que existían operativos en marcha, específicamente encaminados contra su presidente, el Dr. JOSUE GIRALDO CARDONA.

En medio de semejante crisis, se propuso la constitución de una Comisión Interinstitucional de Alto Nivel, la que funcionó a instancias de la Defensoría del Pueblo y la que por más de tres meses recorrió todo el departamento, en aras de observar la situación política, recepcionar denuncias directamente de los afectados, establecer el estado de las investigaciones penales, hablar con las autoridades y en fin, auscultar de mejor manera las razones por las cuales se experimentaba semejante crisis humanitaria y de derechos humanos y sobre todo, indagar en lo posible sobre los motivos y presuntos responsables de la arremetida contra los integrantes del COMITÉ.

Esta Comisión sesionó por más de 6 meses, pero finalmente no produjo un informe consolidado, como tampoco pudo elevar recomendaciones encaminadas a la superación de la problemática, dado que los representantes del gobierno de la época se negaron contra toda evidencia, a admitir ciertos hechos que comprometían la responsabilidad del estamento militar en tal crisis, evento que profundizó las desavenencias con las ONG que hacían parte de la misma.

Finalmente, el sector no gubernamental y ya prácticamente cerrado el COMITÉ, publicó un informe titulado “Ceder es más terrible que la muerte”, en el que se da cuenta de la situación del Meta y las lógicas políticas y criminales que llevaron al departamento a semejante nivel de postración.

Si algo quedó claro con el trabajo de la Comisión antes referida, es que el Meta fue la primera región del país en la que se implementó la estrategia paramilitar a gran escala, pues ante la creciente aceptación política que empezó a lograr la recién fundada Unión Patriótica, se consolidó una alianza criminal en su contra, en la que participaron líderes políticos tradicionales de la región, algunos empresarios, -especialmente del agro y las esmeraldas-, miembros de las fuerzas armadas del Estado y los grupos paramilitares, los que finalmente ejecutaban las decisiones y órdenes que se tomaban en un alto nivel de coordinación, con el propósito de diezmar, no solamente el auge político del novel partido político, sino de todo el movimiento social que empezaba a levantar su voz en contra de tanto atropello.

Lo que siguió con el COMITÉ es fácil de prever. No funcionaron las mediadas cautelares; ante el cierre de la oficina en Villavicencio el Gobierno se desentendió del tema; las investigaciones por las amenazas no arribaron a ninguna parte; y, finalmente el COMITÉ tuvo que cesar en sus funciones, mientras la arremetida contra las comunidades, sectores sociales, organizaciones y líderes, se incrementaba de continuo. Por esta razón, se tuvo que acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a efectos de que se decretaran Medidas Provisionales a favor de los miembros del Comité, las que efectivamente se concedieron a partir del 28 de octubre de 2006, pero lamentablemente las amenazas contra JOSUE se habían cumplido desde el día 13 del mismo mes y año, al ser asesinado por sicarios que actuaron en estrecha connivencia con integrantes de la fuerza pública, tal como las investigaciones posteriores lo han venido a corroborar.

Fueron cientos las personas, líderes, organizaciones y hasta funcionarios públicos de elección popular los que cayeron en esta vorágine de terror y dolor, y por supuesto, en medio de semejante arremetida, el COMITÉ CIVICO POR LOS DERECHOS HUMANOS llevó la peor parte, al punto de ser exterminado y como era obvio y por física sustracción de materia, entró en un receso obligado por más de diez años, período en el que las violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y los atropellos a la población civil, en especial a la asentada en las zonas rurales, se vieron notoriamente incrementados. La única integrante del COMITÉ que permaneció en Villavicencio durante todo este tiempo, fue la Dra. ISLENA REY, la única sobreviviente, quien de manera valerosa siguió en su trabajo de defensa de los derechos humanos, denunciando los atropellos y trabajando con las comunidades, aunque guardando un bajo perfil.

Por expreso mandato tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno Colombiano debía otorgar plenas garantías para la reapertura del Comité. Estas órdenes sin embargo no se han satisfecho plenamente, aunque el Comité por su propia iniciativa y con un gran esfuerzo y compromiso con las víctimas, ha reabierto su sede y consolida de continuo su trabajo por los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la dignidad humana.

Documentos