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El Arroyo que se le Atravesó al Cerrejón

Angélica Díaz es una mujer de 34 años. Es wayuu y vive en algún lugar de La Guajira. No puede decir dónde por viejas amenazas. Ella, que habla por celular mientras atraviesa una carretera, es líder de Fuerza de Mujeres Wayuu, un movimiento que desde hace diez años se dio a la tarea de visibilizar los problemas que inquietan a esta comunidad.

Ahora les preocupa uno en especial: “Nuestra agua; la posibilidad de que Cerrejón desvíe el arroyo Bruno”. El asunto ha desatado una polémica en las últimas semanas. A algunos les recuerda la puja de hace un par de años cuando se quiso desviar el río Ranchería porque debajo había 500 millones de toneladas de carbón. Hoy Cerrejón busca algo parecido. A menor escala, claro. El Bruno nace en la serranía del Perijá y alimenta al Ranchería. En cifras de la misma empresa, es uno de los 51 afluentes que nutren ese gran río. Le aporta, dicen, el 3,6% a su caudal.

La idea es que de los últimos 4,8 kilómetros del Bruno se desvíen 3,6 km. Ese tramo lo correrían unos 700 metros hacia el norte y así se podrían expandir los límites actuales de la mina en 170 hectáreas. Debajo de aquella agua hay un buen trozo de carbón: 35 millones de toneladas que ayudarían a mantener su producción

De no hacerlo, aseguran sus voceros, “perderíamos 3 millones de toneladas anuales. Y ahí estarían en juego 600 empleos, $500.000 millones en compras a la región y $3,7 billones de regalías”.





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El Derecho No es Neutral

Es fundamental que todo el sistema de justicia, desde la investigación en la Fiscalía hasta la sentencia en un juzgado, no sea neutral en términos de género.

Hace dos semanas se conoció el contenido de una sentencia de la Corte Constitucional que deja un precedente importante frente a la necesidad de una perspectiva de género en la administración de justicia para evitar fallos que discriminen a las mujeres. En la sentencia T-967 de 2014, la Corte se pronunció sobre un fallo de un Juzgado de Familia en Bogotá que le negó la petición de divorcio de una mujer cuyo marido ejerció violencia psicológica contra ella, derivada de un comportamiento celoso.

Según las instancias anteriores, el control y el maltrato ejercido por el esposo no constituían razones válidas para el divorcio, pues en realidad no evidenciaban violencia ejercida contra la mujer.

La Corte, sin embargo, insistió en que tal interpretación contribuye a perpetuar la violencia y la discriminación contra la mujer y a invisibilizar la violencia doméstica y psicológica que padecía la demandante al interior de su hogar. Para la Corte, los celos del esposo encajarían dentro de la causal ultraje, trato cruel y maltrato de obra, que establece la legislación colombiana para el divorcio y que incluye  maltrato de índole psicológica. Por lo tanto, ordenó al Juzgado “proferir un nuevo fallo en el que se tengan en cuenta todas las consideraciones de esta providencia referentes al principio de igualdad y no discriminación por razón del sexo y la especial protección que merece la mujer víctima de cualquier tipo de violencia”.

 

 



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Reclutados a la fuerza, ¿deben ser reparados?

“La consecución de la paz estable y duradera debe hacerse sobre el reconocimiento pleno de todas las víctimas, sin excepción alguna”, sostiene el exviceministro de Defensa y hoy procurador judicial, Rafael Guarín, en una tutela interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia y en la que se le pide a ese alto tribunal que reconozca como víctima a un desmovilizado de las Farc, John A. Tobón, que fue reclutado a la fuerza por este grupo armado ilegal. Sin contar que su madre fue asesinada y su familia desplazada por las mismas Farc.

Todo se remonta a 1995. Ese año, Matilde Rey, la madre de John Alexánder Tobón, fue asesinada por las Farc, supuestamente por “ser informante del Ejército”. Tobón, quien tenía en ese momento 14 años de edad, se vio en la necesidad de desplazarse junto con sus ocho hermanos; no obstante, fue reclutado por las Farc antes de que ello ocurriera. En 2002 fue condenado a nueve años de prisión por el delito de rebelión. Al salir de la cárcel se reintegró a las Farc; sin embargo, hace cuatro años se desmovilizó junto con uno de sus hermanos.

El año pasado, Tobón y sus ocho hermanos presentaron una demanda para la restitución de un predio en Puerto Gaitán (Meta). El Tribunal de Bogotá falló a favor de todos, excepto de John, a quien le negaron su solicitud porque no podía “considerársele como víctima y por ende tampoco puede hacérsele beneficiario de las medidas de reparación así caracterizadas”.

 




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Encrucijada por zonas para uso minero

Ministerio de Ambiente, ‘ad portas’ de delimitar en dónde se pueden explotar minerales en Bogotá y sus alrededores. Constructores señalan que se podría afectar el sector, aumentar costos y perder empleos.

El sector de la construcción en Bogotá está a la expectativa. La inminente emisión de una nueva reglamentación por parte del Ministerio de Ambiente, para definir en qué sectores se puede hacer explotación minera en la capital y la sabana, tiene con incertidumbre a los empresarios. Éstos argumentan que con la medida se incrementaría el valor de los materiales de construcción y se reducirían la infraestructura y el empleo. Ante el ultimátum, el ministro  de Ambiente, Gabriel Vallejo, ratifica que, luego de muchos estudios, expedirá la norma pronto y advierte que puede implicar el sacrificio de algunos sectores.

 

 



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LAS CONSULTAS POPULARES PARA LA EXCLUSIÓN DE MINERIA EXPRESIÓN SOBERANA DEL PUEBLO NO SUJETA A CONTROL POSTERIOR DE LEGALIDAD

Eugenio Guerrero
Codacop

Presentación.

Las siguientes páginas se destinan principalmente a la enunciación de los fundamentos políticos que legitiman la expresión soberana del pueblo como constituyente primario, autorizadas por la Constitución y en consecuencia fundadoras de una nueva institucionalidad, participativa, autónoma y gestora de nuevos y mejores derechos.

En efecto, cuando el constituyente primario se expresa, el resultado de su decisión no puede estar sometido a escrutinio judicial ninguno, siempre que tal expresión se enmarque en los principios y valores que inspiran la democracia participativa que está en la base de la fórmula política del Estado Social y Democrático de Derecho que nos rige.

Así las cosas, los límites y también el fundamento de las decisiones políticas que adopte el Pueblo, se contienen principalmente en los principios y valores de los derechos humanos integrales, en donde la dignidad humana se convierte en la piedra angular de todo el quehacer institucional, de las responsabilidades y competencias de los funcionarios públicos y de la organización material y económica de la sociedad. La nuestra por ser una Constitución Personalista, hace de la persona humana la fuente y la razón de ser de todo el quehacer público – político, por lo que las autoridades, antes que preocuparse por la “salud” de la economía y por el “bienestar” del mercado, deben adoptar las decisiones encaminadas a garantizar todos los derechos humanos integrales a todos los habitantes que conforman la nación y que se constituye finalmente en la comunidad política, en la organización política de la sociedad o en una sociedad políticamente organizada, capaz de construir una propuesta compartida de futuro, un sueño colectivo, una utopía por realizar.

En el marco anterior se inscribe el esfuerzo por lograr que las comunidades locales, que los pueblos en los distintos municipios del país, se expresen libremente en torno al tema de la minería en sus territorios, pues son ellos quienes finalmente serán afectados por las decisiones del gobierno central, que privilegia la economía extractiva en detrimento de los derechos colectivos y del ambiente, panorama frente al que si no hay movilización social y expresiones de resistencia, la más probable sentencia será el ecocidio, la muerte y la destrucción de los ecosistemas que sustentan la vida.

De ahí que este sea un esfuerzo por mostrar un somero panorama sobre el tema minero, empezando por señalar las alarmas más significativas de la debacle ambiental de nuestro país, pasando luego por los principios y valores superiores que hacen de la nuestra una constitución verde o ecológica, por  examinar la consulta popular para la exclusión de la minería como expresión soberana de los pueblos consignando su procedimiento, por elucidar las posibilidades que tienen los municipios para que a través  de las revisiones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), del Esquema Básico de Ordenamiento Territorial (EBOT) o del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) según corresponda a la categoría del municipio.

Finaliza este esfuerzo con la presentación somera de algunas consideraciones en torno al nuevo decreto que reglamenta el tema de las Licencias Mineras, del que muchos sospechamos, agravará aún más la debacle ambiental.

Asegurar derechos para las generaciones futuras y garantizarles un ambiente habitable, con agua bebible, alimentos consumibles y aire respirable, es no sólo un deber, sino una ineludible obligación, un imperativo ético que nos vincula con el respeto a la vida y con la preservación de condiciones que permitan su desarrollo integral.  Comiendo carbón, bebiendo petróleo y respirando veneno, muy probablemente el ser humano no pueda sobrevivir.





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