Para NO morir de sed
Nuestro camino junto al Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta
En el departamento del Meta, al oriente del país, acompañamos al Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta en sus procesos de gestión y fortalecimiento institucional, formación interna y a las comunidades campesinas con las que se relaciona, en la defensa del agua y de los territorios, lucha contra la impunidad, construcción de paz, producción agroecológica e incidencia y participación política.
Estar presentes en el departamento del Meta nos llevó al encuentro con el Colectivo de mujeres defensoras del agua y el territorio en Acacías, a quienes acompañamos, en alianza con el Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta, en aspectos técnicos, jurídicos y político/organizativos en sus procesos de resistencia contra el extractivismo petrolero en las veredas de Loma de Tigre y la Esmeralda, el cual ha destruido su entorno natural, ecológico, económico, social, comunitario y cultural. Este proceso, llamado “Para no morir de sed”, se basa en un litigio estratégico en favor de los derechos fundamentales y colectivos de los habitantes de dichas veredas, que busca incidir para que se les provea agua y se avance en la construcción del acueducto, además de un acompañamiento en términos de formación, fortalecimiento organizativo, denuncia sobre la violación de sus derechos y visibilización de la situación que padecen.
Los problemas asociados al extractivismo en las veredas de Acacías, Meta
Los y las habitantes de las veredas La Esmeralda y Loma de Tigre en Acacías, Meta, son víctimas invisibilizadas del otro despojo, el despojo que genera la extracción de combustibles fósiles que están acabando con la vida y el planeta. Una dimensión de la violencia que cuanto más atroz menos perceptible por la sociedad. Sus parcelas hoy mueren lentamente, tanto como la extinción de su paraíso perdido. La destrucción de su paraíso la comete Ecopetrol como signataria contractual de la multinacional española REPSOL, quienes son los titulares del contrato de concesión petrolera CPO9 (Crudos Pesados del Oriente) en jurisdicción de los municipios de Acacías, Guamal y Cubarral, todos municipios del pie de monte, cuyas partes altas conforman la fábrica de agua más grande del mundo. Aquí llegan los ríos voladores que vienen de la amazonía y hacen sus descargas hídricas que proporcionan agua no solo a los habitantes del Llano, sino especialmente a los habitantes de Bogotá y de toda la sabana aledaña a la capital.
La vida de estas comunidades transcurría tranquilamente en una relación armoniosa con los caños, los ríos, los esteros, los aljibes y los jagüeyes. Eran sus ríos cantarinos exuberantes de vida. De estos cuerpos hídricos se abastecían de agua, alimento y en algunas ocasiones eran fuente de ingresos (pesca de peces ornamentales). Además, sus parcelas eran muy productivas, tanto para siembras agrícolas y frutales, como de actividades agropecuarias a pequeña escala pero que les permitía llevar una vida digna con los ingresos que generaban.
Hoy sus parcelas mueren y con ellas su cultura, su forma de vida, su economía propia, su tejido social. La actividad petrolera, como lo dicen las mujeres, “es el cáncer que llegó al llano” y que hoy ataca su existencia y lleva sus vidas de forma agónica hacia un estado terminal. Comenzando la década del 2010 apareció ese “cáncer” que contaminó sus parcelas, acabó sus medios de vida, envenenó todos sus cuerpos de agua y mata la vida, la fauna y la flora nativa. Sus proyectos de vida fueron destruidos y su cultura propia fueron arrasados. Llegaron los taladros que ellos llaman “chivos”, los que elevaron el ruido hasta lo insoportable; sus vías que tenían bien cuidadas fueron destruidas por el tráfico pesado que ininterrumpidamente empezó a transitar por ellas; sus aljibes ya no les proporcionaban agua porque se transformaron en pozos fétidos con densas natas que apestan a nafta.
Para que se pudieran desarrollar las actividades petroleras, las autoridades locales autorizaron un cambio en los usos del suelo, pasando de producción agrícola a usos industriales, lo que significó un incremento inusitado en el impuesto predial y, además, Ecopetrol adelantó procesos judiciales para imponerles servidumbres petroleras a más de treinta años. De modo que destruyeron sus parcelas, les incrementaron los impuestos y les impusieron servidumbres eternas. Pero, además, la presencia de población externa que llegó a las veredas por la falsa ilusión del empleo, ha generado toda una problemática social y hace que la población nativa termine siendo minoría, lo que dificulta aún más sus luchas.
Hoy, para sobrevivir, el carro de bomberos les proporciona cada tres días, por dos minutos, el agua que alcancen a recoger. Sin embargo, en medio de esta debacle vital, emocional, ambiental, cultural y económica, y, sobre todo, para no morir de sed, estas comunidades, especialmente las mujeres, luchan para no morir de olvido y de la sin razón del “progreso”. Saben que de sus parcelas cada día salen millones de dólares pero que después de más de una década no les han construido un acueducto. Saben que sus voces se empiezan a oír y que serán un coro por la vida como antes lo eran sus ríos. Están seguras que sus luchas podrán al final rescatar algo del paraíso que les fue destruido y que llevan en su piel y en su alma y que defenderán aún después del último aliento.
Documental: «Víctimas del Extractivismo: el otro despojo».
Este es un documental que narra la historia de estas comunidades, desde su propia voz y su experiencia e intenta dar cuenta de la difícil situación en la que la compañía Ecopetrol ha puesto a estas mujeres y sus familias.
Este documental fue parte de la selección del Festival Internacional por los Derechos Humanos (FICDEH) y por el Festival Ojo al agua.
La acción popular
En el mes de abril de 2025, varias organizaciones de derechos humanos y comunidades de las veredas La Esmeralda y Loma de Tigre, ubicadas en el municipio de Acacías (Meta), decidieron interponer una acción popular en defensa de derechos colectivos, a raíz de los impactos ambientales generados por proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos realizados por Ecopetrol. La acción jurídica responde a una creciente preocupación por el deterioro ambiental en la región, especialmente en lo relacionado con el derecho al agua, el equilibrio ecológico, la salubridad pública y la prevención de desastres. Los habitantes han venido denunciando que los proyectos petroleros a cargo de Ecopetrol, entre estos los denominados Bloque CPO9, Bloque Cubarral Campos de Producción Castilla y Chichimene, Estación Orotoy, vienen afectando gravemente las fuentes hídricas y han generado procesos de contaminación con hidrocarburos y otros vertimientos durante más de una década.